Solidaridad con chile

Debido a la situación que están pasando las compañeras chilenas , ultravioletas repudia las medidas tomadas por le Tribunal Constitucional y apoya la lucha de las organizaciones chilenas.

Publicamos ahora una carta a las y los legisladoras/es redactada por las juanas y las otras.

En nuestra condición de activistas feministas latinoamericanas vemos con preocupación la decisión del Tribunal Constitucional chileno que da curso al requerimiento de parlamentarios de la Alianza por Chile en contra de las Normas de Regulación de Fertilidad del Gobierno, que contemplan la distribución de la píldora del día después y los dispositivos intrauterinos (DIU) en consultorios.
Lo sucedido en Chile no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva fundamentalista que se ha extendido significativamente en los últimos años en contra de derechos humanos que son fundamentales para la vida de las mujeres.
Chile ratificó la CEDAW en 1989. La ratificación de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación en contra de las Mujeres implica la asunción, por parte de los Estados de aceptar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos, cuyo ejercicio tienen obligación de garantizar.
Es decir: la aceptación de la CEDAW y de los derechos sexuales y reproductivos tiene implicancias éticas y políticas que involucran el respeto por valores morales tales como la autonomía, la libertad, la tolerancia y la igualdad, y significa por una parte la obligación de los Estados de proveer acceso igualitario y seguro a una salud sexual y reproductiva de calidad y por la otra el reconocimiento de la autonomía de las personas para tomar decisiones en lo referido a su vida sexual y reproductiva en función de sus propias creencias, posibilidades, convicciones.
Se trata de valores laicos y universalistas, que son los que debe defender el Estado y con los que el Estado chileno ya se ha comprometido. Ya en el siglo XVII Locke había señalado los asuntos religiosos como temas de conciencia individual, relevantes para nuestra intimidad, pero imposibles de llevar al espacio público sin provocar gravísimos conflictos. No es discutible el derecho de cada uno y cada una de profesar las creencias religiosas que desee, sí lo es utilizar lugares de poder como la legislatura o los altos tribunales de la nación para imponer las propias creencias a otros y otras.
El Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todos y todas los y las ciudadanas. De allí que no sea legítimo pretender regular los derechos de los y las ciudadanos en función de las creencias particulares de ningún sujeto, cualquiera sea el cargo político que este ostente.
En defensa del derecho de las ciudadanas chilenas a ejercer su derecho de decidir sobre sus propios cuerpos en libertad rechazamos, por violatoria a los derechos humanos de las mujeres, tanto la propuesta de los Sres. y Sras. Legisladores /as de la Alianza por Chile como la medida del Tribunal Constitucional.